Agentes federales de EE.UU. arrestaron a 68 personas en Puerto Rico la mañana del miércoles como parte de una investigación sobre presuntos abusos del programa de Seguro de Discapacidad del Seguro Social, indicaron dos personas al tanto de la operación.

La redada podrían destapar unos de los mayores casos de fraude que han sido descubiertos por investigadores federales. Se prevén más arrestos.

La identidad de los aprehendidos no pudo ser determinada inmediatamente. Una persona al tanto de los arrestos anotó que incluía a dos psiquiatras, fisiatra, un empleado administrativo y una persona que ayuda a personas a obtener beneficios por discapacidad. La persona indicó que la investigación se centra en el presunto abuso del programa federal a lo largo de varios años que podría haber llevado a gran cantidad de personas, que no deberían haber calificado, a obtener beneficios.

Los médicos juegan un papel principal en determinar si las personas califican para beneficios federales por discapacidad ya que sus recomendaciones a menudo son decisivas para los examinadores federales. Los investigadores criminales han estado indagando sobre si los médicos recibieron pagos para crear documentos que precisan la incapacidad de trabajar de los solicitantes, indicaron fuentes al tanto de la investigación.

Las anomalías en los beneficios por discapacidad pagados en Puerto Rico han existido por años, pero los investigadores prestaron poca atención hasta que The Wall Street Journal en 2011 reveló amplias disparidades en cómo ciertos estados y territorios estadounidenses implementan los beneficios. El Wall Street Journal descubrió que la probabilidad de obtener beneficios varía mucho en base al lugar en que la persona solicitó los beneficios, a pesar de que el criterio debe ser uniforme.

En 2006, solo 36% de los solicitantes iniciales en Puerto Rico recibieron beneficios. En diciembre de 2010, la tasa de aprobación había subido a 69%. Para 2010, nueve de los 10 principales códigos postales de Estados Unidos que recibían beneficios se encontraban en la isla.

En ese momento, los funcionarios de la señalaron que la cantidad alta de destinatarios y la alta tasa de aprobación se debía a la débil economía de la isla y la falta de un cuidado médico adecuado para trabajadores.

El programa es supervisado por la Administración del Seguro Social, pero cada estado y territorio es responsable de hacer un monitoreo inicial para determinar si alguien cumple con los requisitos. En 2011, las autoridades del Seguro Social indicaron que Puerto Rico tenía estándares rigurosos y un margen de error prácticamente inexistente.

Las características de los beneficiarios de la isla diferían de las otras zonas. Además de los altos números en ciertos códigos postales, los datos del gobierno estadounidense mostraron que 33,3% de los beneficiarios puertorriqueños eran aptos para recibir los beneficios debido a “trastornos de estado de ánimo”, una tasa que es al menos 10 puntos porcentuales mayor que en cualquier otro estado de EE.UU.

Los investigadores de discapacidad y los jueces federales dicen que los trastornos mentales son más difíciles de medir y a menudo se basan en opiniones médicas emitidas por doctores para llegar a una determinación.

El seguro por discapacidad fue diseñado para proporcionar prestaciones a personas que no pueden trabajar debido a problemas mentales o de salud física. Los estadounidenses pueden beneficiarse si sufren de un severo dolor de espalda hasta un cáncer terminal.

Una vida de prestaciones, incluyendo acceso a Medicare, le puede costar al gobierno alrededor de US$300.000 por persona. El programa de seguro por discapacidad es financiado principalmente a través de impuestos sobre nóminas de empresas y trabajadores.

El programa se convirtió en una garantía de último recurso para millones de estadounidenses durante el reciente bajón económico, incluyendo muchos que habían recaudado prestaciones por desempleo y esperaban regresar a la fuerza laboral. El seguro tenía 7,6 millones de beneficiarios en 2003, y ese número ascendió a 10,9 millones para el final de 2012. Más de 200.000 de los beneficiarios están en Puerto Rico, según datos federales.

El Seguro Social pagó US$136.700 millones en prestaciones por discapacidad el año pasado, casi el doble de lo que Washington gastó en cupones para alimentos. La gran mayoría de la gente que recibe prestaciones por discapacidad nunca abandona el programa para regresar a la fuerza laboral.

El programa ha crecido tan rápido que se proyecta que su fondo fiduciario agote sus reservas para 2016. Si no se realizan cambios al programa o la ley federal para entonces, los beneficiarios sufrirán reducciones en sus pagos mensuales.

Las autoridades federales enfrentarán el espinoso asunto de qué hacer con los beneficios de las personas que pudieran haberlos obtenido indebidamente. Podría decidir el revisar esos casos, poner alto a las prestaciones o seguir pagándolas.

Fuente:online.wsj.com/

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