Un polémico acuerdo entre las asociación y las entidades financieras perjudicó a 1.7 millones de clientes. Uno de los abogados investigado es secretario de una ONG que defiende asegurados

Los bancos y sus siempre polémicas comisiones volvieron a acaparar todas las miradas y se colocaron nuevamente en el centro de la polémica a raíz de una denuncia impulsada desde el Gobierno que acusa a una asociación de defensa del consumidor de haber realizado seis acuerdos con las entidades financieras para evitar el pago de 367 millones de pesos en concepto de indemnizaciones perjudicando así a 1.7 millones de clientes.

Todas los dardos apuntan en esta ocasión a la  Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) por haber llevado a cabo seis acuerdos en sede judicial con bancos y financieras de primera línea con la finalidad de resguardar los intereses de millones de usuarios que habían depositado en ella su confianza para que los defienda en la acción iniciada contra las entidades por el mal cobro de cargos y seguros en créditos hipotecarios, prendarios y en financiamiento con tarjetas de crédito. Sin embargo, existen sospechas por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor porque sostienen que el arreglo solo sirvió para beneficiar a los bancos y perjudicar a los clientes.

Tal cómo informó el diario Página 12 el 99,1 por ciento de los afectados no cobró nada, porque en definitiva los acuerdos, que interrumpieron los juicios colectivos que había iniciado la propia Adecua contra esos bancos y financieras, les “bloquearon” el derecho a un resarcimiento. Los abogados de la asociación, pese a ello, embolsaron 15,6 millones de pesos en concepto de honorarios, pagados por los bancos.

Los bancos involucrados son Santander Río, Galicia, la financiera GMAC, el Banco Privado de Inversiones, la tarjeta CMR de Falabella y la Tarjeta Naranja.

Pero el escándalo fue mucho más allá, de hecho, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández denunció en un acto que la operación se trató de una “estafa”. “La ONG hizo una acción colectiva de clase, pero luego logró un acuerdo homologado por un juez. Ese acuerdo estableció que iba haber un resarcimiento, pero que el cliente tenía que ir a reclamar al banco en menos de 60 días”, explicó la primera mandataria y resaltó que pocos usuarios pudieron enterarse de la situación.

En este sentido, Fernández de Kirchner aprovechó la oportunidad para cuestionar el rol de la Justicia y resaltó: “”Además de la figura de enriquecimiento ilícito, está en el Código Civil una figura que se llama enriquecimiento sin causa, un equivalente en el sector privado. Es cuando alguien se enriquece indebidamente porque embromó a otro. Este es caso, son un 367 millones de pesos que les correspondían a sus clientes”.

No obstante, por esta causa el Gobierno tuvo que  separar a dos funcionarios nacionales y al asesor de una senadora del Frente para la Victoria (FPV) quienes fueron abogados en esta causa y defendieron supuestamente el interés de los usuarios. Ellos son Juan de Dios Cincunegui, vicepresidente de Aerolíneas Argentinas e interventor desde noviembre en la empresa Intercargo; Luis Romiti, director nacional de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente; y Eduardo Baeza, asesor a sueldo de la senadora nacional Nanci Parrilli, y también cumplía funciones como Secretario en la Asociación de Defensa del Asegurado (ADA).

El futuro ahora girará en torno a la orden de la Presidenta quien adelantó “vamos a hacer un protocolo para que las asociaciones de defensa de consumidor garanticen que, cualquier sea el abogado que contraten, tengan una forma consagrada de defender a los consumidores. Si es necesario con una ley del Congreso para defender los derechos de los consumidores y no de las empresas”; en tanto, el consejo asesor sobre la conducta ética de las asociaciones de usuarios volverá a reunirse en los próximos días para evaluar el comportamiento de Adecua.

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